Entre los puntos más polémicos de la propuesta se encuentra el aumento de los trabajos temporales, la caducidad automática de los contratos, el abaratamiento de los despidos, o la ausencia de compensación económica en caso de cese del contrato. En definitiva, una serie de medidas que no han sido bien recibidas por el Partido Socialista, cuyo representante parlamentario no ha tardado en calificarlas como una “solución que tiene una única consecuencia: aumenta la precariedad, sobre todo la precariedad del trabajo joven, que es ya uno de los problemas con el que el país se confronta”.

Las cifras de desempleo ya han sido bien claras al respecto: el 44,1% de las inscripciones en el Centro de Empleo efectuadas en el último mes del 2010 derivan de situaciones de finalización de contratos temporales. Desde el 2008 el número de trabajos precarios aumenta en flecha, así como paralelamente lo hace el desempleo.

Y no sólo en Portugal son notorios estos datos. A nivel europeo, desde el comienzo de la crisis, el acceso de los jóvenes al mercado laboral ha sido el principal perjudicado por la negativa situación económica. El porcentaje de jóvenes desempleados ha caído un 21%, el máximo registrado desde entonces, según el informe más reciente de la Comisión Europea sobre mercado laboral.

En estas circunstancias, parece ser un buen indicio que países como Portugal den la espalda a este tipo de reformas, que se plantean como una solución transitoria de emergencia sin vistas al futuro o al derecho de los trabajadores. La alternativa a la precarización laboral debería encaminarse hacia el fortalecimiento de los salarios, para dinamizar la economía, así como hacia el establecimiento obligatorio de mecanismos de reinversión en las propias empresas, para sobrevivir a las coyunturas económicas más inestables.